No ha sido fácil.

Con dos meses en el poder, el presidente de Chile, Gabriel Boric, le dio un giro a su estrategia para abordar un problema histórico que, hasta ahora, ningún gobierno ha logrado resolver.

Férreo detractor del despliegue de militares en las zonas de conflicto en el sur de Chile donde las comunidades mapuches reclaman tierras como parte de una reivindicación ancestral, Boric decidió esta semana su militarización.

Lo hizo decretando un estado de excepción “acotado” que en la práctica implica la autorización para que militares custodien rutas y carreteras en la región de La Araucanía y en las vecinas provincias de Arauco Biobío, epicentro de una crisis de seguridad que se ha agravado en las últimas semanas.

“Es evidente que en el último tiempo hemos tenido un aumento de los actos de violencia en las rutas, hemos sido testigos de cobardes ataques”, dijo la ministra del Interior, Izkia Siches, la noche del lunes.

“También hemos visto cortes extendidos de carreteras, que ponen en riesgo el libre tránsito y cortan las cadenas de suministro, aumentando el costo de la vida en las zonas más rezagadas de nuestro país”, agregó, refiriéndose a las movilizaciones de transportistas exigiendo mayores medidas de seguridad.

La decisión es políticamente compleja, dado que en su campaña presidencial Boric había asegurado que de llegar al gobierno no tenía la intención de renovar el estado constitucional de emergencia que había decretado su antecesor, el derechista Sebastián Piñera, en octubre del año pasado y que, tras varias extensiones, rigió hasta marzo.

EPA

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Mientras las voces más duras lo acusan de haber traicionado aquella promesa electoral, los más moderados argumentan que este nuevo estado de excepción no es la réplica de las medidas tomadas por Piñera, puesto que solo está enfocado en la protección de las vías públicas y no establece operativos militares en las comunidades indígenas.

El “Plan B”

En las últimas semanas el mandatario de 36 años intentó que el Congreso aprobara un “estado de excepción intermedio”, una nueva fórmula jurídica que permitía el despliegue de militares para resguardar los caminos, sin tener que recurrir a la declaración de un estado de excepción constitucional.

Pero la propuesta, que no consiguió los votos necesarios (y ni siquiera tuvo el respaldo completo de su propia coalición), terminó desechada.

Es que en algunos sectores de la izquierda chilena, la utilización de militares, aunque solo sea para resguardar las vías públicas, es vista como una política que atenta contra la democracia y el respeto a las libertades individuales.

Fue en ese contexto que finalmente, a falta de una fórmula intermedia, el gobierno tomó la decisión de aplicar este “Plan B”, que no le entrega a las Fuerzas Armadas la facultad de controlar a las personas o acompañar a las fuerzas policiales al momento de hacer cumplir órdenes judiciales, pero que de todos modos utiliza la misma herramienta jurídica aplicada anteriormente para tratar el problema de la seguridad.

¿Una contradicción?

Con el respaldo ciudadano erosionado y los reclamos de camioneros y trabajadores forestales para que refuerce la seguridad en la zona, el gobierno tomó la difícil decisión de enviar a las fuerzas de seguridad.

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“Es una medida que llega tarde, pero por lo menos llega”, dijo el gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas, en declaraciones a la prensa local.

“Se esperaron 50 días para tomar esta decisión y en estos 50 días tuvimos 122 atentados”, afirmó la autoridad regional, defendiendo la gestión del anterior gobierno.

En diálogo con BBC Mundo, Fernando Pairican, historiador y académico de la Escuela de Antropología de la Universidad Católica de Chile, argumenta que hay un sector del movimiento mapuche que ha decidido recurrir a la violencia para reivindicar sus demandas.

Existen dos corrientes. Una vía rupturista que busca la autodeterminación, que está por fuera del Estado, y que busca lograr la autonomía del control territorial. La otra es una vía gradualista que para conseguir autonomía ocupa los espacios institucionales”.

Si bien la administración del presidente Boric, apunta, “ha mostrado mayor disposición que otros gobiernos para poder desarrollar un diálogo, persisten en su coalición partidos políticos que han sido los arquitectos de una política de criminalización de los mapuches”.

Es por eso que, afirma, “hay una contradicción dentro del gobierno”.

Boric prometió durante su campaña que daría otro enfoque a la situación de los mapuches. GETTY IMAGES

Boric prometió durante su campaña que daría otro enfoque a la situación de los mapuches. GETTY IMAGES

Parte de las fisuras políticas en la coalición se han expresado en casos como el de la ministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega -autoridad encargada del tema indígena-, quien se había opuesto públicamente al estado de emergencia y a los pocos días tuvo que darle el respaldo al mandatario.

O las negociaciones en las que participó el Partido Comunista que, en una primer instancia estaba en contra de la idea, pero que finalmente terminó alineándose a regañadientes.

El problema de la seguridad pública

Cuando llegó al gobierno, Boric apostó por centrarse en el diálogo político, pero tras una ola de hechos de violencia, el camino se volvió cada vez más difícil.

Tanto así, que cuando la ministra Siches viajó por primera vez a la zona, fue recibida con tiros al aire.

Quienes viven en aquellos territorios han tenido que lidiar permanentemente con cortes de caminos, quema de camiones, disparos de encapuchados, tomas de propiedades y operativos policiales en comunidades castigadas por la pobreza, un escenario al que se suman denuncias de organismos internacionales sobre violaciones a los derechos humanos.

Las opiniones sobre quiénes son finalmente los responsables de la violencia se han polarizado cada vez más, mientras las autoridades intentan encontrar una fórmula que les permita conseguir un consenso político básico para avanzar en sus objetivos.

Los bloqueos de caminos han sido parte de las protestas en regiones como La Araucanía. GETTY IMAGES

Los bloqueos de caminos han sido parte de las protestas en regiones como La Araucanía. GETTY IMAGES

Según Claudio Fuentes, académico de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales, la decisión del presidente Boric “se toma en medio de una escalada de atentados a la propiedad y en un momento en que la opinión pública está muy sensible a los temas de seguridad”.

“Este escenario ha presionado al gobierno para dar respuestas más contundentes frente al tema de la seguridad pública en el país, no solo en La Araucanía”.

Una opinión pública con altas expectativas que aparentemente ha perdido la paciencia con bastante rapidez, cuando el rechazo a su gestión en las encuestas supera el 50%.

“La gente quiere ver resultados en la agenda de orden público”, plantea Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central de Chile.

“El gobierno ha tenido que recurrir a las herramientas disponibles para intentar restablecer el orden público en una zona de alta complejidad por las demandas de grupos radicales instalados en la región”.

Miembros de la comunidad mapuche han denunciado que hay "presos políticos" en La Araucanía. EPA

Miembros de la comunidad mapuche han denunciado que hay «presos políticos» en La Araucanía. EPA

En las últimas semanas el gobierno ha acelerado un paquete de medidas relacionadas con el conflicto en la zona.

Entre ellas, la petición de un fiscal especial para la zona que investigue delitos como el narcotráfico y el robo de madera, la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas, la participación de Naciones Unidas en los diálogos con representantes del pueblo mapuche y la entrega de más recursos para la devolución de tierras y el financiamiento de obras públicas.

Pero como el pueblo mapuche no tiene un solo representante, sino que se organiza a través de distintos líderes comunitarios, la tarea sigue siendo titánica. (I)

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