El 19 de enero un coche bomba explotó a unos metros de un edificio de Saravena, en el departamento colombiano de Arauca, en el que estaban reunidos cerca de 60 líderes sociales que pese a ese ataque mantienen la determinación de seguir luchando por los derechos humanos en su territorio.

Los defensores se salvaron porque horas antes pusieron unas barricadas improvisadas con barriles de plástico que llenaron con piedras porque la intención de los disidentes de las FARC, liderados por alias “Antonio Medina”, era asesinarlos.

El ataque dejó un muerto, Simeón Delgado, vigilante de la sede del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), frente a la cual fue estacionada la camioneta que estalló y causó cuantiosos daños a varios edificios, incluido el Héctor Alirio Martínez, el de las organizaciones sociales, que era blanco del atentado.

“Fueron momentos de bastante preocupación porque aquí habíamos alrededor de 60 líderes sociales y defensores de derechos humanos. Realmente no consideramos que fueran capaces de atentar contra un espacio donde no solamente hay organizaciones sociales, sino también instituciones y comunidad”, cuenta a Efe la presidenta de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, Sonia López.

El atentado ocurrió en un contexto bastante complicado para Arauca, departamento fronterizo con Venezuela, en el que, según cifras del Ministerio de Defensa, entre el 1 de enero y el 21 de febrero, hubo 99 homicidios, de los cuales 45 ocurrieron en Saravena.

Igualmente hay 1.781 víctimas de desplazamiento forzado producto de los enfrentamientos y las amenazas, todo esto atizado por una guerra a muerte entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las antiguas FARC que son las que han atacado a los líderes.

Desde que el Gobierno colombiano y las FARC firmaron el acuerdo de paz, en noviembre de 2016, en Arauca han sido asesinados 21 defensores de derechos humanos, según el programa Somos Defensores, con el temor de que esta nueva oleada de violencia se incremente drásticamente esta cifra.

Muchos de estos líderes, que viven con zozobra de ser atacados en cualquier momento, son acusados, según cuentan a Efe, de ser milicianos del ELN por las disidencias, a las que ellos llaman grupos paramilitares porque consideran que ya no tienen una lucha política y atentan contra la población civil.

Caos y resistencia

Fotografía del edificio Héctor Alirio Martínez, sede de organizaciones sociales de la región, el 19 de febrero de 2022, en Saravena (Colombia).

Fotografía del edificio Héctor Alirio Martínez, sede de organizaciones sociales de la región, el 19 de febrero de 2022, en Saravena (Colombia). (EFE/Mauricio Dueñas/)

Pese a que el atentado ocurrió hace más de un mes, el edificio de cuatro plantas de las organizaciones sociales hoy no tiene ventanas y lo único que han podido reparar son las paredes exteriores del primer piso, cubiertas con ladrillos que nada tienen que ver con el concreto del resto de la fachada.

En el interior reina el caos. Colchonetas apiladas en varios salones, muebles desorganizados o destruidos y paredes agrietadas en oficinas que llevan días sin que nadie entre.

“Aquí que ese tipo de situaciones no las vivíamos hace mucho tiempo”, afirma López, que vivió el atentado y que cuando sube a la terraza del Héctor Alirio Martínez, desde donde se ve la destrucción en los edificios aledaños, siente una especie de vértigo que nunca había tenido.

Impulsar su región

Aunque la violencia los ha acompañado casi toda la vida, los líderes de Saravena buscan impulsar su región. Tan fuerte es el tejido social de la zona que las organizaciones sociales, a falta de un acueducto, decidieron construir uno que provee agua a más de 16.000 familias del municipio.

La Empresa Comunitaria Acueducto, Alcantarillado y Aseo Saravena (Ecaaas), no obstante, también fue víctima el 9 de enero de un ataque con explosivos en el que no hubo muertos ni heridos y que ocurrió a unos metros del centro del pueblo, acordonado y fuertemente custodiado por la Policía.

“El 9 de enero llegó una amenaza por audios de WhatsApp de ‘Antonio Medina’, que es comandante de la disidencia del Frente 28 (de las FARC) en la que amenazaba a presidentes de juntas, líderes sociales y proyectos, amenazaba con matarlos. Ese 9 de enero lanzaron una granada contra el proyecto comunitario Ecaaas”, lamenta la presidenta de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra.

Como ella son decenas de líderes de Arauca los que están bajo la amenaza de los grupos armados y sin ningún tipo de protección por parte del Estado, ni siquiera tras el atentado.

Sin embargo, su mensaje es muy claro: “nuestro compromiso es mantenernos en este territorio, no nos vamos a ir de aquí. Aquí hemos vivido diferentes acciones con las cuales nos han querido sacar y tenemos una consigna clara, que es la defensa de la vida y la defensa del territorio”. (I)

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