Un grupo de mujeres con un bebé de meses de nacido improvisa con plástico un espacio para cubrirse de del sol, de la lluvia, descansar y dormir en la acera, frente a una cárcel de El Salvador. Ellas, al igual que cientos de personas esperan a que sus parientes, arrestados bajo el régimen de excepción decretado desde el 27 de marzo pasado, sean liberados.

En las afueras del Centro Penal la Esperanza, cerca de San Salvador y conocido como Marina, hay caos vehicular y muchas personas con cara de incertidumbre. La misma situación se vive en el Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas para Mujeres, ubicado en la populosa ciudad de Ilopango, y en el Centro Penal de Izalco (occidente).

A estas tres cárceles, según la información de medios locales, han sido llevadas las personas detenidas por supuestamente pertenecer a una pandilla o tener algún tipo de vínculo con dichas bandas, a quienes el Gobierno le atribuye la mayoría de homicidios que se registran en el país centroamericano y que cuentan con más de 70.000 miembros.

Del penal La Esperanza, en el que solo guardan prisión hombres, son puestos en libertad esporádicamente algunos detenidos, por eso las personas esperan para ver si entre ellos está su familiar.

El Salvador se encuentra bajo régimen de excepción desde el 27 de marzo y su plazo fue ampliado hasta finales de mayo, pero se prevé que la Asamblea Legislativa, a petición del presidente Nayib Bukele, lo amplié una vez más esta semana.

La cifra de personas arrestadas entre el 27 de marzo y el 23 de mayo asciende a 34.216, de acuerdo con datos de la Policía Nacional Civil (PNC).

Un niño descansa en un improvisado campamento de familiares de detenidos, que esperan recibir información a las afueras del Centro Penal La Esperanza, el 20 de mayo de 2022, en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura

Un niño descansa en un improvisado campamento de familiares de detenidos, que esperan recibir información a las afueras del Centro Penal La Esperanza, el 20 de mayo de 2022, en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura (Rodrigo Sura/)

Los costos de la detención

Una mujer, cuyo hijo de 23 años está en el penal La Esperanza, dijo a Efe que invirtió aproximadamente 40 dólares en el llamado paquete penitenciario, lo que representa un desajuste en su economía familiar.

La salvadoreña viajó más de 73 kilómetros desde el occidental departamento de Sonsonate hasta dicha cárcel para dejarle a su hijo artículos de limpieza, alimentos y medicinas.

Ella aseguró que su hijo “nada tiene que ver con pandillas” y que confía en Dios en que “pronto saldrá libre”.

Las autoridades del centro penal solicitan a los familiares de los detenidos artículos puntuales.

En la entrada de la cárcel hay un aviso pegado donde se lee los artículos requeridos: pasta dental, jabón de baño, papel higiénico, detergente, cepillo dental, rasuradoras, mascarillas, cereal en hojuelas, avena, leche en polvo, azúcar, entre otros.

Además, se pide a los familiares que compren camiseta, calzoneta, calcetines, toallas y una sabana, todo blanco.

“Nota: a criterio de la situación económica de cada familia, no es obligación traer todos los artículos”, se indica al pie del aviso.

En promedio cada persona invierte entre 10 y 15 dólares en las prendas requeridas, a lo que se le suma lo invertido en la alimentación y medicinas.

En El Salvador desde hace algunos años los presos -hombres y mujeres- usan como uniforme camiseta, calzoneta y calcetines blancos, que deben de ser comprados por sus familiares.

Antes de entregar el paquete, las personas hacen una larga fila -en la que pueden esperar horas para avanzar- para que puedan pasar a un lugar acondicionado para dar información sobre los reos.

Ahí una persona brinda el número de celda, letra del pabellón y un código a cada familiar.

En las afueras del Centro Penal la Esperanza, cerca de San Salvador y conocido como Marina, hay caos vehicular y muchas personas con cara de incertidumbre. La misma situación se vive en el Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas para Mujeres, ubicado en la populosa ciudad de Ilopango, y en el Centro Penal de Izalco (occidente). EFE/ Rodrigo Sura

En las afueras del Centro Penal la Esperanza, cerca de San Salvador y conocido como Marina, hay caos vehicular y muchas personas con cara de incertidumbre. La misma situación se vive en el Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas para Mujeres, ubicado en la populosa ciudad de Ilopango, y en el Centro Penal de Izalco (occidente). EFE/ Rodrigo Sura (Rodrigo Sura/)

La situación tiene rostro de mujer

Son cientos las mujeres que permanecen afuera de algunas cárceles del país centroamericano a la espera de la liberación algún pariente.

Madres, abuelas, hermanas, tías, compañeras de vida o encargadas han pasado días o semanas en la calle frente al penal La Esperanza.

En el escenario también se observa a jóvenes madres cargando a bebés de meses de nacidos, y a otras cambiando el pañal a sus hijos o dándoles de comer.

“Si los sacan (a los detenidos) y no hay un familiar que responda por ellos, los vuelven a meter (a la cárcel)”, comentó una mujer adulta que era acompañada por dos menores.

Para pasar el tiempo algunas mujeres leen la Biblia o el Nuevo Testamento, mientras entre el mar de personas se escucha “primero Dios lo van a sacar”, “hay que pedir a Dios que está situación se acabe” o “hay que tener esperanza en Dios”.

El régimen de excepción, implementado tras una escalada de asesinatos a finales de marzo y con el que se busca frenar la violencia generada por las pandillas, suspende -entre otras cosas- el derecho a la defensa y la detención administrativa pasa de un plazo máximo de 3 días a 15 días.

Es decir, las personas detenidas pasan hasta 15 días detenidos, luego enfrentan una audiencia inicial en la que, en la mayoría de los casos, son acompañados de un abogado público asignado por la Procuraduría General de la República.

En las audiencias judiciales son presentados números grupos de detenidos y generalmente se decreta prisión provisional para que la Fiscalía siga investigando y los capturados deben esperar la siguiente audiencia en la celda de un penal.

Una mujer llora al no saber información de su hijo detenido, a las afueras del Centro Penal La Esperanza, el 20 de mayo de 2022, en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura

Una mujer llora al no saber información de su hijo detenido, a las afueras del Centro Penal La Esperanza, el 20 de mayo de 2022, en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura (Rodrigo Sura/)

Caos en las zonas

La penal La Esperanza y cárcel de Mujeres estás ubicadas en zonas con alto flujo vehicular. En momentos en que la aglomeración de personas aumenta, el tráfico se vuelve pesado y se generan colas de automotores.

Los predios baldíos cercanos a estos lugares se han convertido en lugares donde las personas votan basura y, ante la falta de sanitarios, también son ocupados como baños.

Lugareños que viven cerca de La Esperanza alquilan sus sanitarios o duchas a las personas que puedan pagar hasta dos dólares por ducharse y otros han aprovechado la coyuntura para vender comida o bebidas. (I)

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